NACIONALES: Daniel TORRES Sec. Col. de Farmacéuticos de Bs. As.”NOSOTROS DEFENDEMOS LA FARMACIA DE BARRIO”

 

El 14 de noviembre, a partir de las 10, se realizará una audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 118/2017/RH1 “Farmacity S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/pretensión anulatoria -recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”.

 

Se trata de una acción iniciada por la firma Farmacity S.A. con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3° y 14 de la ley 10.606 de la Provincia de Buenos Aires, que regula la propiedad de los establecimientos farmacéuticos y no incluye a las sociedades anónimas, como la firma actora, en la enumeración de las distintas categorías de sujetos que pueden ser titulares de ellos.En el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se expidió sobre la constitucionalidad del art. 14 de la ley 10.606 y estimó inoficioso pronunciarse acerca del art. 3°.

La parte actora interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema alegando que la norma provincial resulta contraria a las disposiciones de la ley 17.565 y el decreto nacional 2284/1991 de Desregulación Económica y los artículos 14, 16, 28, 42, 75 inciso 12, 18 y 126 de la Constitución Nacional. Asimismo solicitó que se reconozca su derecho a ser propietaria de farmacias, a que sean regularmente habilitadas y a explotarlas en el ámbito de esa provincia, dentro de cualquier ubicación autorizada por las normas de planeamiento urbano.En la audiencia participarán los ministros Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se han excusado de intervenir en la causa.

El Tribunal estableció la participación de amigos del tribunal a los fines de que efectúen presentaciones de carácter jurídico, técnico o científico relativas a la cuestión debatida. En ese sentido, está previsto que el día 7 expongan: 1) Hernán Víctor Gullco, 2) Andrés Gil Domínguez; 3) Lucas Sebastián Grosman; 4) Alberto Bianchi; 5) Sebastián Pablo Lópes; 6) Ginés González García; 7) Marcelo Federico Celani; 8) la Federación Internacional Farmacéutica; 9) Marcelo Capello; 10) el Centro de Estudios Legales y Sociales; 11) la Asociación de Empleados de Farmacia -ADEF-; 12) la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores -ADUCC-; 13) la Federación Farmacéutica Argentina -FEFARA-; 14) el Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento -GARPUMED- y; 15) la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Jurídicas. La duración de cada una de las exposiciones no podrá exceder los 10 minutos. En tanto que en la jornada del 14 serán oídos la parte actora, Farmacity S.A.; la parte demandada, Fisco de la Provincia de Buenos Aires, y el tercero coadyuvante de la parte demandada (en los términos del artículo 90 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.

QUIENES SON FARMACITY:

SEGÚN WIKIPEDIA

Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta con un formato de autoservicio o drugstore y forma parte de la National Association Of Chain Drug Stores.​

Fundación1997

Director ejecutivoSebastián Miranda (1 de mar. de 2013–)
Área de operaciónCentro y norte de Argentina
Empleados+ de 6.500
SEGÚN WIKIPEDIA
Farmacity es una cadena de farmacias argentinas del grupo empresario Pegasus. Cuenta con un formato de autoservicio o drugstore y forma parte de la National Association Of Chain Drug StoresLa empresa fue fundada y presidida por Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos al presidente argentino Mauricio MacriDesde diciembre de 2015 el presidente de Famacity es Alejandro Gorodisch.

Controversias

Desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA)4​ buscan evitar la formación de monopolios y diferenciar entre paciente y consumidor sostiene la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que “no hay medicina eficiente sin una gestión eficaz de los medicamentos”. La declaración apunta a la competencia desleal y a la violación de la ley de medicamentos (Ley 26.567) que prohíbe la venta en góndolas. Por dicha situación Farmacity también ha sido denunciada por la ONG Proconsumer y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal determinó que la venta de medicamentos debe hacerse en mostrador.

Cabe agregar que desde que la firma llegó en 1997 se cerraron 1.400 farmacias sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Y en suelo porteño la ley federal de farmacias 17.565 afirma que sólo se podrá vender productos del tipo farmacéutico y en la cadena incluso se venden golosinas y gaseosas, violando una normativa legal.

En la provincia de Mendoza se suscitó un debate ante la inminente llegada de la cadena Farmacity ya que cuenta con legislación que desalienta a los grupos económicos limitando el número de locales a manos de una misma persona. 23 sucursales de farmacias fueron transferidas a Farmacity. Primero, el entonces Ministro de Salud Juan Carlos Belher lo prohibió por Resolución 1.756, seguido a ello, fue permitida por decreto del ex gobernador de la provincia Celso Jaque antes de terminar su mandato. Por ello se inició una disputa liderada por el Colegio de Farmacéuticos, la Cámara de Farmacias, la Cooperativa Farmacéutica, el Centro de Empresarios Farmacéuticos y Farmasur pasando el conflicto a manos de la Corte Suprema de Justicia dónde se falló a favor de los reclamantes.

En 2018 fue procesado Raúl Alejandro Ramos, ex secretario macrista de Políticas, Regulación e Institutos del ministerio de Salud por cajonear expedientes y negarse a sancionar a Farmacity, la empresa que fundó y presidió hasta 2015 Mario Quintana, el vicejefe de Gabinete y uno de los colaboradores más cercanos a Mauricio Macri.La imputación dictada por el juez federal Sebastián Ramos, fue por dictar tardíamente resoluciones de tipo sancionatorias en distintos expedientes contra la empresa, en una supuesta protección por parte del funcionario. La denuncia fue impulsada por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) e investigada por la fiscal Paloma Ochoa, por considerar que el funcionario se demoró y negó a sancionar a Farmacity por violar regulaciones del sector.

En junio de 2018 Quintana fue imputado por la justicia, a pesar de la defensa pública que le dedicó la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), la política del PRO Laura Alonso desde su oficina. También se investiga si la empresa fue beneficiada con convenios con el PAMI desde la llegada al gobierno de Cambiemos. Pero además señaló presuntas maniobras, incluso adulteración, con miras a lograr la instalación de locales de Farmacity en la provincia de Buenos Aires, donde la ley impide la venta de medicamentos por parte de sociedades anónimas. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo.

El fiscal pide investigar también otros datos complementarios revelados en el programa de Radio 10 de Gustavo Sylvestre. Planteó como hipótesis, primero, el “conflicto de capitales”. Como ejemplo puso los convenios que consiguió Farmacity con el PAMI, producto de reavivar un viejo reclamo –impulsado por el propio Quintana– contra cámaras y colegios farmacéuticos entre otras entidades, ya que la firma se decía discriminada. Buscaba extender PAMI a la mayor cantidad de sucursales y a la vez tener que cubrir un menor porcentaje de esos medicamentos.

El fiscal González planteó investigar también la “presunta adulteración de documentación en la que habría incurrido Quintana a los fines de la habilitación de farmacias de Farmacity en la provincia de Buenos Aires”; así como “supuestas influencias en la Corte Suprema para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica”. En el máximo tribunal tramita el reclamo de Farmacity para poder operar e instalar farmacias en territorio bonaerense donde la ley establece que no puede ser una sociedad la proveedora de medicamentos. La causa tuvo un dictamen -no vinculante- de la Procuración, a favor de Farmacity, por parte del procurador interino Eduardo Casal considerado afín al gobierno. También se investigan las declaraciones juradas de Quintana desde 2015 y a sus empresas que desde diciembre 2015 son proveedoras del Estado, en particular del PAMI, el fiscal pidió que el PAMI, deberá entregar los legajos vinculados con la aparente contratación de Farmacity y otras empresas allegadas.

En 2017 y 2018 se denunciaron convenios millonarios entre el PAMI y Farmacity que según la Confederación de farmacéuticos tendrían como objetivo beneficiar a Quintana, con 15 millones por mes al bajarle la bonificación a Farmacity del 26 al 15 por ciento, además como beneficio adicional el PAMI le dió a la empresa del vicejefe de gabinete el alta para que atienda en todas las sucursales que no tienen PAMI. El convenio del PAMI, que propone a Farmacity como prestador, puso en alerta a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a los distintos colegios de farmacéuticos del todo el país.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *